El 18 de marzo de 1938 marcó un antes y un después en la historia económica y política de México. En esa fecha, el presidente Lázaro Cárdenas se dirigió a la nación a través de un mensaje radiofónico que cambiaría para siempre el destino de la industria petrolera del país. Con voz firme, anunció la expedición de un decreto que declaraba la expropiación, por causa de utilidad pública, de todos los bienes muebles e inmuebles de las compañías petroleras extranjeras que operaban en territorio nacional. Esta medida no fue un acto impulsivo, sino la culminación de décadas de tensiones, disputas laborales y la lucha por la soberanía sobre los recursos naturales consagrada en la Constitución de 1917.
El conflicto había escalado a un punto crítico. Las empresas, principalmente de origen estadounidense y británico, se negaban sistemáticamente a acatar las leyes y fallos de los tribunales mexicanos, especialmente aquellos que favorecían las demandas de los trabajadores por condiciones laborales más justas. Ante la inminente parálisis de una industria vital para la nación, el gobierno mexicano tomó una decisión audaz y sin precedentes que resonaría en todo el mundo.
La raíz de la Expropiación Petrolera se encuentra en las profundas desigualdades y el trato discriminatorio que sufrían los trabajadores mexicanos en comparación con sus pares extranjeros. Durante años, los obreros padecieron condiciones deplorables: viviendas inadecuadas, falta de servicios médicos, salarios inferiores por el mismo trabajo y una constante inseguridad laboral. En un esfuerzo por mejorar su situación, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con el apoyo del presidente Cárdenas, buscó la firma de un contrato colectivo unificado.
Las compañías se negaron rotundamente. El conflicto fue llevado a las instancias legales, y la Junta de Conciliación y Arbitraje, tras una exhaustiva investigación, falló a favor de los trabajadores. La investigación reveló que las empresas ocultaban sus verdaderas ganancias y que tenían plena capacidad económica para satisfacer las demandas. Aun así, las compañías se ampararon y llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, que el 1 de marzo de 1938 ratificó el laudo en su contra. La respuesta de las empresas fue el desacato abierto a la máxima autoridad judicial del país, un desafío directo a la soberanía nacional que dejó al gobierno sin otra opción que aplicar la ley.
A las 10 de la noche de aquel histórico 18 de marzo, la voz del presidente Cárdenas resonó en todos los rincones del país: “La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a observar el mandato de la justicia nacional…”. En su mensaje, Cárdenas detalló el largo y tortuoso camino del conflicto, la campaña de desprestigio de las empresas y su obstinada desobediencia. Finalmente, pronunció las palabras clave: “Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor…”.
El decreto se fundamentó en el Artículo 27 de la Constitución, que establece el dominio directo de la Nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, incluyendo el petróleo. Se ordenó la ocupación inmediata de todas las instalaciones y se estableció un plazo de diez años para indemnizar a las compañías afectadas. La reacción popular fue de júbilo inmediato; la gente salió a las calles a celebrar lo que consideraban una recuperación de la dignidad y el patrimonio nacional.
El decreto afectó a un total de 17 compañías extranjeras que controlaban la totalidad de la industria. Estas empresas, que se habían beneficiado durante décadas de las riquezas del subsuelo mexicano, vieron sus operaciones pasar a manos del Estado. La lista completa de las corporaciones expropiadas es la siguiente:
Tras la expropiación, el desafío era monumental. Las empresas extranjeras, en un intento de sabotaje, se llevaron a sus técnicos calificados y dejaron las instalaciones sin refacciones ni materias primas. Sin embargo, los ingenieros y obreros mexicanos asumieron el reto. El 7 de junio de 1938, se creó oficialmente PEMEX (Petróleos Mexicanos) para administrar y operar la industria recién nacionalizada.
Durante casi medio siglo, PEMEX fue el motor del desarrollo nacional. Financió la construcción de infraestructura, impulsó la industrialización y se convirtió en un símbolo de la independencia económica del país. En la década de 1970, con el descubrimiento de gigantescos yacimientos en Campeche, México se posicionó como una potencia petrolera mundial. No obstante, esta bonanza, gestionada con un fuerte endeudamiento externo, se vio truncada por la caída de los precios del petróleo en los años 80, sumiendo al país en una profunda crisis financiera.
La crisis de la deuda marcó el inicio de un cambio de paradigma. La idea de industrias estratégicas propiedad de la nación comenzó a ser reemplazada por políticas neoliberales que favorecían al mercado. A partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se iniciaron reformas que, de manera gradual, abrieron el sector energético a la inversión privada. PEMEX fue dividida en subsidiarias y sometida a una carga fiscal exorbitante que la ahogó financieramente, impidiéndole invertir en exploración y mantenimiento. Esta situación fue utilizada como argumento para justificar una mayor apertura.
La culminación de este proceso llegó con la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto en 2013, que modificó el Artículo 27 constitucional para permitir contratos con empresas privadas, nacionales y extranjeras, para la exploración y extracción de hidrocarburos. Para muchos críticos, esta reforma significó el desmantelamiento del legado de Cárdenas y un regreso al modelo previo a 1938, donde las grandes transnacionales volvieron a tener un papel preponderante en la industria.
| Característica | Era Nacionalista (1938-1990) | Era de Apertura (Post-Reforma 2013) |
|---|---|---|
| Control de la Industria | Exclusivo del Estado a través de PEMEX. | Compartido entre el Estado (PEMEX) y empresas privadas nacionales y extranjeras. |
| Inversión Extranjera | Prohibida en exploración y extracción. | Permitida y fomentada a través de contratos y licitaciones. |
| Rol de PEMEX | Monopolio estatal y motor del desarrollo nacional. | Empresa productiva del Estado que compite con otras compañías. |
| Propiedad de los Recursos | La Nación es la única propietaria y explotadora de los hidrocarburos. | La Nación mantiene la propiedad, pero otorga contratos para que privados exploren y extraigan. |
Fue un acto de nacionalización de la industria petrolera, realizado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, mediante el cual el Estado Mexicano tomó control de todos los bienes de las compañías petroleras extranjeras que operaban en el país.
Las más importantes fueron la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (subsidiaria de la británica Royal Dutch Shell) y la Huasteca Petroleum Company (subsidiaria de la estadounidense Standard Oil), junto con otras 15 compañías.
La razón principal fue el constante desacato de las empresas a las leyes y a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México, que las obligaba a mejorar las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores mexicanos. Su negativa fue considerada un atentado contra la soberanía nacional.
La respuesta fue de un apoyo abrumador. Ciudadanos de todas las clases sociales organizaron colectas masivas, donando dinero, joyas e incluso animales de granja para ayudar al gobierno a pagar la indemnización a las empresas extranjeras, en una muestra de unidad y patriotismo sin precedentes.
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