CONICET: Luces y Sombras de la Ciencia Argentina

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido popularmente por su acrónimo CONICET, representa el pilar fundamental del desarrollo científico y tecnológico en Argentina. Desde su concepción, ha sido el hogar de mentes brillantes y el motor de innumerables avances. Sin embargo, su historia no es una línea recta de progreso; está marcada por profundas contradicciones, momentos de esplendor y períodos oscuros que han redefinido la estructura misma de la ciencia en el país. Este recorrido nos invita a explorar sus orígenes, el complejo capítulo vivido durante la última dictadura militar y la estructura que hoy sostiene su invaluable labor.

Los Orígenes: Un Sueño para la Ciencia Nacional

La institucionalización de la ciencia como política de Estado en Argentina tuvo sus primeros pasos en un contexto global de posguerra, donde el conocimiento científico y tecnológico se erigía como un motor indispensable para el progreso de las naciones. El primer antecedente formal data de 1951, cuando el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 9695, creando el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC). Este organismo pionero tenía la misión de “orientar, coordinar y promover las investigaciones técnicas y científicas de todo orden que se realicen en el país”, sentando las bases para una gestión centralizada de la actividad científica.

Sin embargo, el hito fundacional que daría forma al organismo que conocemos hoy llegaría el 5 de febrero de 1958. Mediante el Decreto Ley 1291/58, se creó oficialmente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Su presidencia fue encomendada a una figura de talla mundial: el Dr. Bernardo Houssay, quien había sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947. La visión de Houssay fue crucial para dotar al CONICET de la autonomía y el prestigio necesarios para fomentar la investigación de excelencia.

Los fundamentos de su creación eran claros y ambiciosos. El decreto establecía que el CONICET, como ente autárquico del Estado, debía “contribuir al adelanto cultural de la Nación”. Se destacaba la importancia de la ciencia para “el mejoramiento de la salud pública, a la más amplia y eficaz utilización de las riquezas naturales, al incremento de la productividad industrial y agrícola, y en general al bienestar colectivo”.

Para materializar esta visión, se tomaron medidas estructurales clave. En 1960, se instituyó la Carrera del Investigador Científico, un sistema meritocrático diseñado para atraer, retener y promover a los mejores talentos del país, otorgando al Consejo plena autoridad para controlar, evaluar y promover su actividad. Pocos años después, en 1965, se complementó esta estructura con la creación de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, reconociendo el rol indispensable de técnicos y profesionales en el quehacer científico diario.

Una Década de Contradicciones: El CONICET bajo la Dictadura (1976-1983)

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 sumió a Argentina en su período más oscuro y el sistema científico no fue ajeno a ello. El CONICET, al igual que las universidades nacionales, fue intervenido por la Junta Militar, dando inicio a una etapa de profundas y dolorosas contradicciones. Se desarrollaron dos procesos simultáneos y aparentemente opuestos que, en realidad, formaban parte de un mismo proyecto político: por un lado, un férreo control ideológico y depuración de su personal; por otro, una expansión presupuestaria y estructural sin precedentes.

Primer Movimiento: Disciplinamiento y Depuración

Desde el inicio del régimen militar, se implementó una política de disciplinamiento ideológico. Se utilizaron diversos artilugios jurídicos para expulsar a investigadores, becarios y personal de apoyo considerados “subversivos”. Se aplicaron leyes como la Ley 21.260 (“Baja de personal por razones de seguridad”) y la Ley 21.274 (“Baja de personal por razones de servicio”) para extender al CONICET las cesantías que ya se estaban produciendo masivamente en las universidades. Además, se recurrió de forma sistemática al Artículo 11 del Estatuto del CONICET, que permitía la baja por pérdida del lugar de trabajo, y se ampararon en la Resolución N° 0687 del propio organismo, que garantizaba la arbitrariedad y confidencialidad de los procedimientos administrativos, dejando a los afectados en total indefensión.

Este proceso de depuración fue acompañado por un reposicionamiento deliberado de agentes afines al régimen. La conducción del CONICET quedó en manos de un grupo reducido de investigadores que acumularon cargos en comisiones asesoras, en el directorio y en la Junta de Calificaciones. Estos nuevos líderes no solo controlaban las decisiones institucionales, sino que también se beneficiaron directamente de la asignación de recursos. Se observó una notoria concentración de subsidios en institutos dirigidos por miembros del directorio, creando una red de poder y favoritismo. Un mecanismo recurrente fue el desvío de fondos públicos a través de fundaciones privadas, creadas ad-hoc para administrar institutos del CONICET, actuando como intermediarias en la gestión de los subsidios y siendo presididas por los mismos investigadores del Consejo. Estas prácticas serían denunciadas con el retorno de la democracia.

Segundo Movimiento: Expansión y Descentralización

Paradójicamente, mientras se purgaba a la comunidad científica, las Fuerzas Armadas decidieron fortalecer al CONICET económicamente. El objetivo era claro: desmantelar la capacidad de investigación de las universidades nacionales, focos de efervescencia política y social, y trasladarla a un organismo más controlable. El presupuesto nacional destinado a Ciencia y Técnica comenzó a incrementarse, pero su distribución fue marcadamente desigual.

El siguiente cuadro ilustra la drástica transferencia de recursos que tuvo lugar:

Esta transferencia provocó el desfinanciamiento de la investigación en las universidades y el debilitamiento de los lazos entre ambas instituciones. La consecuencia más duradera de esta política fue la escisión estructural entre investigación y docencia, un fenómeno que aún hoy presenta desafíos para el sistema científico argentino.

Con el aumento presupuestario, el CONICET inició un ambicioso programa de descentralización y expansión. La planta de personal creció y el número de institutos se multiplicó, pasando de 55 al inicio del período a más de 100 en 1983. En 1976 se lanzó el Programa de Creación de Centros Regionales de Investigación Científica y Tecnológica, que recibió un fuerte impulso con un cuantioso préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta expansión, sin embargo, no siempre se correspondió con un desarrollo real de las áreas disciplinares, y en muchos casos los nuevos institutos funcionaron como estructuras vacías, creadas para satisfacer intereses personales más que necesidades científicas.

La Estructura de Financiamiento: ¿Quién Sostiene la Investigación?

El sostenimiento de una estructura tan vasta y compleja como la del CONICET depende de una arquitectura de financiamiento diversificada, aunque con un fuerte componente estatal. Las principales fuentes de recursos para su funcionamiento general provienen de:

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET): La mayor parte de su presupuesto proviene directamente del Tesoro Nacional, asignado a través de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.
• Universidad Nacional del Litoral (UNL): El texto de referencia menciona a la UNL como un financiador principal del funcionamiento de un instituto, lo que ejemplifica los convenios de doble dependencia donde las universidades también aportan recursos.

Además de los fondos para el funcionamiento básico, las actividades específicas de investigación, desarrollo e innovación se nutren de otras fuentes:

• Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT): Otorga subsidios y créditos para proyectos de investigación a través de convocatorias competitivas.
• Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Canaliza fondos y define políticas estratégicas que impactan en la financiación.
• Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (ASaCTeI): Un ejemplo de cómo los organismos provinciales también contribuyen al financiamiento de la ciencia.
• Organismos Internacionales: A través de convenios de cooperación y proyectos conjuntos.

Finalmente, una porción de los ingresos se genera a través de actividades de vinculación tecnológica, donde los institutos prestan servicios de alto valor agregado a empresas y otros sectores de la sociedad, generando recursos propios.

Preguntas Frecuentes sobre el CONICET

¿Quién creó el CONICET?
El CONICET fue creado oficialmente el 5 de febrero de 1958 por el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu. Su primer presidente fue el Premio Nobel de Medicina, Bernardo Houssay. Sin embargo, existió un antecedente directo, el CONITYC, creado en 1951 durante la presidencia de Juan Domingo Perón.

¿Qué sucedió con el CONICET durante la última dictadura militar?
Vivió un proceso contradictorio. Por un lado, sufrió una fuerte persecución ideológica con la expulsión de cientos de sus miembros. Por otro lado, recibió un aumento presupuestario sin precedentes y expandió su estructura con la creación de nuevos institutos, como parte de una estrategia para debilitar la investigación en las universidades nacionales.

¿Por qué la dictadura aumentó el presupuesto del CONICET?
El gobierno militar buscaba quitarle a las universidades, consideradas focos de activismo político, su rol central en la investigación científica. Al fortalecer y expandir el CONICET, centralizaban el control sobre la ciencia y generaban una separación funcional entre la investigación (en CONICET) y la docencia (en la Universidad), una fractura con consecuencias a largo plazo.

¿Cómo se financia el CONICET?
Su principal fuente de financiamiento son los fondos del Tesoro Nacional. Además, recibe aportes de universidades con las que tiene convenios, y sus investigadores compiten por subsidios de agencias nacionales (como la ANPCYT) y provinciales, así como de organismos internacionales. También genera ingresos propios mediante servicios tecnológicos a terceros.