El apellido Eskenazi, a pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, resuena periódicamente en los titulares de la Argentina, recordando su estatus como una de las familias más poderosas del país. Recientemente, su nombre ha vuelto a la palestra pública a raíz de un fallo judicial en Estados Unidos favorable a fondos de inversión en el juicio por la estatización de YPF. Aunque hoy el grupo familiar no está en el centro de la escena de la petrolera, las acciones que una vez poseyeron son el epicentro de una demanda multimillonaria que pone en jaque las finanzas del Estado argentino. Esta es la historia de cómo un grupo constructor y financiero, sin experiencia en el sector energético, se convirtió en un actor clave en la mayor empresa del país y desencadenó una tormenta legal de consecuencias impredecibles.
Para entender el desembarco en YPF, primero es necesario conocer el origen del poder de la familia. El patriarca, Enrique Eskenazi, un ingeniero químico de formación, fue el arquitecto del conglomerado. Tras sus inicios en el grupo Bunge & Born, en 1980 ingresó como gerente a la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA. Con una visión estratégica notable, Eskenazi pasó de ser un ejecutivo a convertirse en el accionista mayoritario de la firma. A partir de la década de los 90, ya como dueño, lideró una formidable expansión. En lugar de limitarse a la construcción, diversificó sus intereses hacia sectores estratégicos, conformando lo que hoy se conoce como el Grupo Petersen. Este holding abarca desde servicios urbanos y la agroindustria hasta, de manera crucial, el sector financiero.
Su incursión en la banca fue un movimiento clave. En 1995, adquirió el Banco de San Juan. Poco después, en un movimiento que forjaría una relación fundamental para su futuro, se hizo con el control del Banco de Santa Cruz por una suma modesta de poco más de 10 millones de dólares. La entidad atravesaba una crisis financiera y la gestión de Eskenazi no solo la salvó, sino que la volvió rentable. Este éxito le ganó el respeto y la confianza de la administración provincial, en ese entonces liderada por Néstor Kirchner. “Kirchner nos respeta porque sabe que le agarramos un banco que estaba hecho puré y hoy da dinero”, solía decir Enrique Eskenazi. Esta relación se consolidó, convirtiendo al Grupo Petersen en uno de los mayores contratistas de obra pública en Santa Cruz. Con la llegada de Kirchner a la presidencia, el crecimiento del grupo se aceleró, sumando a su cartera el Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de Entre Ríos.
A fines de 2007, el mundo petrolero argentino quedó perplejo. El presidente Néstor Kirchner había elegido al Grupo Petersen para convertirse en el socio local de la española Repsol en YPF, la joya de la corona empresarial del país. La sorpresa era mayúscula: los Eskenazi no tenían prácticamente ninguna experiencia en el negocio de la energía. Sin embargo, la decisión política ya estaba tomada.
La ingeniería financiera para concretar la operación fue, como mínimo, audaz y controvertida. En 2008, el grupo español Repsol le vendió un 14,9% de las acciones de YPF. Para financiar la compra, se creó una sociedad en España llamada Petersen Energía. Esta sociedad recibió dos préstamos gigantescos:
La familia Eskenazi, por su parte, realizó un desembolso de poco más de 100 millones de dólares, una cifra mínima en comparación con la magnitud de la operación. El detalle más asombroso del acuerdo era la forma de pago del préstamo con Repsol: los españoles permitieron que los Eskenazi utilizaran hasta el 90% de los dividendos que generara su propia participación en YPF para cancelar la deuda. En esencia, estaban comprando una parte de la empresa con las futuras ganancias de esa misma empresa. El entonces presidente de Repsol, Antonio Brufau, justificó la elección de Eskenazi argumentando su “experiencia en mercados regulados”, una explicación que para muchos analistas fue insuficiente para justificar una operación tan atípica. En 2011, el Grupo Petersen amplió su participación, adquiriendo un 10% adicional y alcanzando así un cuarto del capital accionario de la petrolera.
El escenario cambió drásticamente en 2012. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió avanzar con la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. Esta medida, si bien no afectó directamente la tenencia accionaria de los Eskenazi, fue el detonante del conflicto legal que hoy enfrenta Argentina. ¿Por qué? Porque los estatutos de YPF establecían que cualquier entidad que adquiriese el control de la compañía estaba obligada a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el resto de las acciones en circulación, ofreciendo las mismas condiciones a todos los accionistas minoritarios.
El Estado argentino expropió las acciones de Repsol pero no lanzó la OPA para los demás accionistas, incluyendo al Grupo Petersen. Esta omisión es el núcleo de la demanda. Con la estatización, la política de dividendos de YPF cambió radicalmente: la empresa dejó de repartir ganancias para enfocarse en la inversión. Esto dejó a Petersen Energía sin la fuente de ingresos con la que planeaba pagar sus deudas. La consecuencia fue inevitable: la sociedad constituida en España entró en quiebra.
Aquí es donde entra en escena un nuevo actor: Burford Capital. Este es un fondo especializado en financiar litigios a cambio de un porcentaje de las ganancias si el juicio resulta favorable. Burford compró a la justicia española los derechos para litigar de la quebrada Petersen Energía. De esta manera, heredó el derecho a demandar a la República Argentina y a YPF por los daños causados al no haber realizado la OPA en 2012. El fondo argumenta que, al no lanzar la oferta, el Estado argentino perjudicó a los accionistas minoritarios, quienes perdieron la oportunidad de vender sus acciones en condiciones justas en el momento de la toma de control.
Para comprender mejor la secuencia de eventos, presentamos una tabla cronológica con los hitos más importantes de esta relación.
| Año | Evento Clave |
|---|---|
| 1990s | Grupo Petersen adquiere bancos provinciales y consolida su relación con la familia Kirchner en Santa Cruz. |
| 2007 | El gobierno de Néstor Kirchner elige al Grupo Petersen como socio local para Repsol en YPF. |
| 2008 | Petersen Energía adquiere el 14,9% de YPF mediante una compleja ingeniería financiera. |
| 2011 | El grupo adquiere un 10% adicional, alcanzando el 24,9% de las acciones de la petrolera. |
| 2012 | El gobierno de Cristina Kirchner estatiza el 51% de YPF en manos de Repsol, pero no lanza una OPA por el resto. |
| Post-2012 | Petersen Energía entra en quiebra. Burford Capital adquiere los derechos para litigar contra Argentina. |
| Presente | La justicia estadounidense emite fallos favorables a Burford, abriendo la puerta a un pago multimillonario por parte de Argentina. |
Enrique Eskenazi fue un ingeniero y empresario argentino, fundador y líder del Grupo Petersen. Fue el artífice de la expansión del conglomerado desde la construcción hacia la banca, los servicios y la agroindustria, y el protagonista del ingreso de su familia a YPF. Falleció en enero de 2023.
La entrada del grupo fue impulsada por una decisión política del entonces presidente Néstor Kirchner, quien buscaba un socio local para la española Repsol. La estrecha relación de la familia Eskenazi con el kirchnerismo, forjada en Santa Cruz, fue determinante para su elección.
La compra se financió principalmente a través de préstamos de bancos internacionales y de la propia Repsol. El aspecto más polémico fue que el préstamo de Repsol se pagaría con hasta el 90% de los futuros dividendos de YPF, lo que significaba que la empresa se estaba pagando a sí misma.
El juicio se basa en que, al estatizar YPF en 2012, el Estado argentino estaba obligado por los estatutos de la compañía a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por todas las acciones restantes, cosa que no hizo. Burford Capital, al comprar los derechos de la quebrada Petersen Energía, reclama una compensación por el perjuicio económico que esta omisión causó a los accionistas minoritarios.
No. La sociedad que poseía las acciones, Petersen Energía, quebró tras la estatización y el cambio en la política de dividendos de YPF. La familia Eskenazi ya no tiene participación en la petrolera.
En conclusión, la historia de los Eskenazi y YPF es una compleja trama que entrelaza poder político, ingeniería financiera y decisiones empresariales de alto impacto. Lo que comenzó como un movimiento estratégico para “argentinizar” una parte de la principal empresa del país, terminó derivando en una batalla legal de miles de millones de dólares cuyas consecuencias financieras aún resuenan y representan un enorme desafío para el futuro económico de Argentina.
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