Causa Correo Argentino: Claves de una deuda histórica

La historia reciente de Argentina está marcada por diversos casos judiciales que han capturado la atención pública, y sin duda, uno de los más resonantes es la conocida como Causa Correo Argentino. Este complejo entramado judicial y político, también bautizado por la prensa como “Correogate”, involucra una deuda multimillonaria de una de las empresas insignia del Grupo Macri con el Estado Nacional, y un polémico intento de acuerdo que tuvo lugar durante la presidencia de Mauricio Macri. A continuación, desglosaremos los orígenes, el desarrollo y el desenlace de un caso que se extendió por más de dos décadas.

El Origen: Privatización y Deuda

Para entender la raíz del conflicto, debemos retroceder hasta la década de 1990. El 24 de marzo de 1997, durante la presidencia de Carlos Menem, el servicio postal argentino, hasta entonces gestionado por la empresa estatal ENCOTESA, fue privatizado. Mediante el Decreto N.° 265/1997, la concesión fue otorgada a la Sociedad Macri (SOCMA), convirtiendo a Argentina en uno de los primeros países del mundo en tomar esta medida. El acuerdo establecía el pago de un canon semestral al Estado por la explotación del servicio.

Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. Según los registros oficiales, la empresa del Grupo Macri solo cumplió con el pago del canon durante el primer año de la concesión. A partir de allí, comenzó a acumular una deuda que, para el año 2001 y bajo el régimen de la convertibilidad (un peso equivalía a un dólar), ascendía a la formidable suma de 296 millones de dólares. Esta situación llevó a la empresa a presentarse en concurso de acreedores en septiembre de 2001, un paso legal para renegociar sus pasivos ante la imposibilidad de pagarlos. En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato de concesión y el Correo volvió a manos del Estado.

El Escándalo Durante la Presidencia de Macri

La causa judicial por la deuda continuó su lento curso durante años, pero el punto de inflexión llegó en 2016, ya con Mauricio Macri en la Presidencia de la Nación. El Estado Nacional, como principal acreedor, y la empresa Correo Argentino S.A. llegaron a un acuerdo para saldar la deuda. Fue la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, quien encendió las alarmas al analizar los términos del pacto.

En un dictamen demoledor, Boquín sostuvo que la propuesta era “abusiva” y representaba un grave perjuicio fiscal para el patrimonio del Estado. Según sus cálculos, el acuerdo implicaba una quita del 98,82% del valor real de la deuda. La propuesta de la empresa consistía en pagar los casi 300 millones de pesos originales en 15 cuotas anuales, con un interés del 7% sobre el capital, finalizando en 2033. La fiscal argumentó que no se consideraba la inflación ni la devaluación acumuladas durante más de 15 años, lo que licuaba la deuda a una fracción de su valor. Proyectando el perjuicio a 2033, la cifra que el Estado dejaría de percibir ascendía a más de 70 mil millones de pesos.

Imputaciones y Avance de la Causa Penal

El dictamen de la fiscal Boquín tuvo consecuencias inmediatas. El 14 de febrero de 2017, el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al entonces presidente Mauricio Macri y a su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por los delitos de administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. La justicia comenzó a investigar si funcionarios del gobierno habían actuado deliberadamente para beneficiar a la empresa de la familia presidencial.

Paralelamente, se conoció otra maniobra polémica. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), bajo la misma administración, desistió de cobrar una multa de casi 300,000 pesos a Correo Argentino S.A. que ya contaba con una sentencia firme a favor del Estado. Este hecho se sumó a la causa principal como una muestra más de la presunta estrategia para favorecer a la compañía.

Las Cifras del Conflicto

Para visualizar la magnitud de la controversia, es útil comparar las cifras que se manejaron en el caso. La diferencia entre la deuda original actualizada y la propuesta de pago es abismal, lo que explica la contundente intervención de la fiscalía.

El Desenlace: Rechazo y Quiebra

El escándalo público y la firmeza de la fiscalía hicieron que el gobierno de Macri diera marcha atrás con el acuerdo, volviendo el expediente a “foja cero”. Sin embargo, la situación de la empresa no mejoró. En abril de 2021, Correo Argentino S.A. realizó una nueva propuesta de pago por 1.011 millones de pesos, una cifra que la fiscal Boquín volvió a dictaminar como insuficiente, considerándola hasta cinco veces menor al monto real de la deuda actualizada. La propuesta fue nuevamente rechazada.

Ante la falta de un acuerdo viable y la imposibilidad de la empresa para hacer frente a sus pasivos tras dos décadas en concurso de acreedores, el capítulo final llegó el 5 de julio de 2021. La jueza en lo Comercial, Marta Cirulli, decretó la quiebra de Correo Argentino S.A., poniendo fin a un largo proceso concursal y abriendo una nueva etapa para la liquidación de los bienes de la compañía con el fin de intentar saldar, aunque sea parcialmente, las deudas con sus acreedores, principalmente con el Estado Nacional. La condonación que se intentó en 2016 quedó así en el centro de un caso que evidenció los delicados límites entre los negocios privados y la función pública.

Preguntas Frecuentes

¿Qué fue exactamente el “Correogate”?

Se conoce como “Correogate” al escándalo político y judicial derivado del intento del gobierno de Mauricio Macri de aceptar un acuerdo con la empresa Correo Argentino S.A. (propiedad de su familia) para saldar una deuda histórica con el Estado. Dicho acuerdo fue calificado por la fiscalía como abusivo, ya que implicaba perdonar más del 98% de la deuda real.

¿Desde cuándo existía la deuda del Correo Argentino?

La deuda se originó poco después de la privatización del servicio en 1997. La empresa del Grupo Macri dejó de pagar el canon estipulado al Estado, y para 2001, cuando entró en concurso de acreedores, la deuda ascendía a 296 millones de pesos/dólares.

¿Por qué se consideró que el acuerdo era perjudicial para el Estado?

Porque la propuesta de pago no actualizaba el monto original por la inflación y la devaluación acumuladas durante más de 15 años. Al proponer pagar el capital histórico en cuotas a largo plazo, el valor real del dinero a devolver era insignificante en comparación con lo que el Estado debía recibir.

¿Cuál fue el resultado final para la empresa Correo Argentino S.A.?

Tras el fracaso de los intentos de acuerdo y la imposibilidad de saldar sus deudas, la justicia decretó la quiebra de la empresa el 5 de julio de 2021, cerrando así un proceso concursal que duró 20 años.