Gas Natural: Todo Sobre su Densidad y Propiedades
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La gestión del gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, se caracterizó por una serie de reformas y cambios estructurales en diversas áreas del Estado. Dos de los sectores que experimentaron transformaciones más notables y, a menudo, controvertidas, fueron el de transporte y el de desarrollo social. Estas políticas, orientadas en muchos casos a la reducción del déficit fiscal y a la reestructuración de programas existentes, generaron un intenso debate público sobre su impacto en la vida de los ciudadanos, especialmente en los sectores más vulnerables. A continuación, se desglosan algunas de las medidas más significativas implementadas en estos ámbitos.
Uno de los ejes de la política de transporte se centró en la red ferroviaria y en la estructura de costos del sistema. Las decisiones tomadas abarcaron desde la continuación de obras de gran envergadura hasta el recorte y cancelación de servicios regionales, pasando por una significativa readecuación de los subsidios al transporte público.

En septiembre de 2016, se anunció con gran expectativa la reactivación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra largamente esperada. Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de polémica. Poco después del anuncio, se presentó una denuncia fiscal por un presunto delito en la modificación de las condiciones de adjudicación, que según la acusación, beneficiaría a la empresa Iecsa, propiedad de Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente.
Paralelamente, se produjo una marcada contracción en los servicios de trenes regionales a lo largo del país. Esta medida, justificada por la búsqueda de eficiencia operativa, afectó a miles de usuarios en distintas provincias:
Adicionalmente, se canceló la fabricación de vagones nacionales de carga, una decisión que impactó en la industria local. Curiosamente, el titular de la Operadora Ferroviaria (SOFSE) en ese momento fue elogiado desde ciertos sectores por estas medidas, que incluían el abandono del Plan Operativo Quinquenal heredado de la gestión anterior, interpretándolas como un paso hacia la racionalización del gasto.
En marzo de 2016, el ministro de transportes, Guillermo Dietrich, anunció una medida que tendría un impacto directo en el bolsillo de millones de personas: el aumento de las tarifas del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Esta decisión implicó un alza de hasta el 100% en los precios de los boletos de colectivos, subtes y trenes, como parte de una política más amplia de reducción de subsidios estatales.
El área de desarrollo social fue otro de los focos de la gestión, con cambios significativos en programas de asistencia clave como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones no contributivas por invalidez. Estas medidas generaron tanto anuncios de ampliación de derechos como fuertes críticas por la reducción en el número de beneficiarios.
En abril de 2016, el gobierno emitió el decreto 593/2016, que representó una importante ampliación del alcance de la AUH. La medida incluyó a los monotributistas en el régimen de asignaciones familiares, permitiéndoles acceder a la Asignación por Hijo, por Hijo con Discapacidad, Prenatal y Ayuda Escolar Anual. El objetivo declarado era equiparar los derechos de estos trabajadores independientes con los de los empleados en relación de dependencia.
Sin embargo, esta ampliación fue seguida por un proceso de revisión y depuración del padrón que generó controversia. Si bien el número de beneficiarios alcanzó un pico de 3,980,755 en enero de 2017, para marzo de ese mismo año la cifra se había reducido a 3,749,213, un número incluso inferior al de diciembre de 2015. Mientras el gobierno afirmaba haber incorporado a más de 500,000 niños al sistema, informes de centros de estudios como el CEPA denunciaban la eliminación de más de 231,000 beneficiarios durante ese período.
Una de las políticas más criticadas fue la baja masiva de pensiones no contributivas por invalidez. En junio de 2017, se conoció que el Ministerio de Desarrollo Social estaba aplicando un decreto de 1997 que endurecía drásticamente los requisitos para acceder a este derecho. La aplicación de esta normativa, que había estado inactiva por años, resultó en la baja de 83,133 pensiones solo en la primera mitad de 2017, afectando a personas con discapacidad y a madres de siete o más hijos. Se estimó que el total de bajas desde el inicio de la gestión ascendía a 170,000.
Los criterios para la baja incluían que el grupo familiar no superara un ingreso de tres salarios mínimos o que el cónyuge recibiera una jubilación, sin importar el monto. Ante la fuerte reacción social y política, la ministra Carolina Stanley anunció una “marcha atrás” y la restitución automática de las pensiones dadas de baja por error. No obstante, el gobierno apeló fallos judiciales que ordenaban la restitución inmediata, y el proceso fue lento. Para septiembre de 2017, menos del 8% de las pensiones suspendidas habían sido restablecidas.
Hacia el final del mandato, la situación social se había agudizado. En septiembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad la prórroga de la emergencia alimentaria. Estudios de la época, como el del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), revelaban datos alarmantes: en 2018, la mitad de los hogares del AMBA había disminuido sus porciones de comida por razones económicas, y el 40% había pasado momentos de hambre. El número de niños con malnutrición, según algunas fuentes, llegó a aumentar al 42% durante los dos primeros años de gestión, reflejando una crisis social profunda.
| Política | Medida Implementada | Resultado / Controversia |
|---|---|---|
| Asignación Universal por Hijo (AUH) | Ampliación para incluir a monotributistas (2016). | Posterior reducción del padrón total de beneficiarios, generando denuncias de recortes masivos y datos contradictorios. |
| Pensiones por Discapacidad | Aplicación de un decreto de 1997 para endurecer los requisitos de acceso. | Baja de más de 170,000 pensiones, fuerte rechazo social y una lenta y parcial restitución a pesar de fallos judiciales. |
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