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En el corazón de la Patagonia argentina, las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul crecieron y prosperaron al ritmo de la actividad petrolera. Durante décadas, la vida de sus habitantes estuvo intrínsecamente ligada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa estatal que no solo ofrecía empleo, sino que forjaba una identidad y un futuro. Sin embargo, la década de 1990 trajo consigo un viento de cambio que arrasaría con esa estabilidad. La privatización de YPF en 1992 fue el catalizador de una de las crisis sociales más profundas de la región, que culminaría en 1996 con un estallido popular sin precedentes conocido como el “Cutralcazo”. Este evento no solo sacudió a la provincia de Neuquén, sino que marcó el nacimiento de una nueva forma de protesta en Argentina: el movimiento piquetero.

Antes de la tormenta neoliberal, Cutral Co y Plaza Huincul eran el epicentro de la actividad de YPF en Neuquén, una provincia que albergaba más de la mitad de las reservas de gas y casi un tercio de las de petróleo del país. Los trabajadores de YPF, conocidos como los “ypefianos”, formaban parte de una verdadera “aristocracia obrera”. Gozaban de altos salarios, estabilidad laboral y un estatus social que se reflejaba en la prosperidad de ambas ciudades. La vida comunitaria giraba en torno a la empresa estatal: desde los clubes deportivos hasta las escuelas, todo llevaba el sello de YPF. Esta dependencia económica y cultural, que había sido la base de su desarrollo, se convertiría trágicamente en su mayor vulnerabilidad.
En el marco de las políticas económicas liberales impulsadas por el gobierno del presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo, se dispuso la privatización de la mayoría de las empresas públicas. YPF, el buque insignia del Estado argentino, fue vendida en 1992. Curiosamente, la noticia fue recibida con cierta indiferencia por la población de Cutral Co y Plaza Huincul. Una persistente campaña mediática había instalado la idea de que las empresas estatales eran ineficientes y que la llegada de capitales privados traería modernización y mayores beneficios para la comunidad. Se hablaba del “milagro argentino”, un optimismo que pronto chocaría de frente con una dura realidad.
El primer paso, incluso antes de la venta, fue una drástica reestructuración que implicó despidos masivos. En la comarca neuquina, el impacto fue devastador: de los 4.200 empleados que YPF tenía, 3.600 fueron despedidos. Muchos utilizaron sus indemnizaciones para iniciar pequeños emprendimientos: quioscos, taxis, o servicios tercerizados para las nuevas operadoras. Sin embargo, fue un espejismo. Al desaparecer la principal fuente de ingresos de la región, la economía local colapsó. Los nuevos comercios quebraron por falta de clientes, sumiendo a miles de familias en la desesperación.
Las cifras son elocuentes y reflejan la magnitud del desastre social. La tasa de desocupación en Cutral Co y Plaza Huincul, que en 1992 era de un casi inexistente 3,6%, se disparó al 26% para 1996. El fenómeno del desempleo masivo, algo que Argentina no había conocido a esa escala, se instalaba con brutalidad en el corazón petrolero del país. El tejido social se resquebrajó. Familias que habían gozado de una vida de clase media se encontraron de pronto sin trabajo, sin futuro y, en muchos casos, sin servicios básicos. Al iniciarse el crudo invierno patagónico de 1996, la empresa de gas realizaba 70 cortes de suministro diarios por falta de pago y 1.500 hogares ya habían perdido la calefacción.
| Aspecto | Antes de la Privatización (Hasta 1992) | Después de la Privatización (1996) |
|---|---|---|
| Empleo | Pleno empleo, 4.200 trabajadores directos de YPF. Estabilidad y altos salarios. | Tasa de desempleo del 26%. 3.600 despidos directos de YPF. Precariedad. |
| Actividad Económica | Pujante, fuerte comercio local sostenido por el poder adquisitivo de los ypefianos. | Quiebra masiva de microemprendimientos. Caída drástica del consumo. |
| Tejido Social | Comunidad próspera y organizada en torno a la empresa estatal. Fuerte identidad “ypefiana”. | Alta conflictividad, emergencia social y sanitaria. Pérdida de la identidad colectiva. |
La chispa que encendió la pradera fue la decisión del gobernador Felipe Sapag de rechazar la instalación de una planta de fertilizantes, un proyecto que representaba la única esperanza de trabajo para la comunidad. La noticia, difundida por una radio local el 20 de junio de 1996, fue la gota que colmó el vaso. Los vecinos, de forma espontánea, comenzaron a movilizarse. “Hagamos algo”, “vayamos a la ruta”, se escuchaba en los mensajes de los oyentes. Esa tarde, cientos de personas comenzaron a cortar la Ruta Nacional 22, un punto estratégico para el transporte de combustible. Nacían los piquetes.
La protesta creció exponencialmente. Se organizó de manera horizontal, sin líderes ni partidos políticos. Jóvenes, ex trabajadores de YPF, docentes y amas de casa montaron barricadas con neumáticos en llamas, piedras y todo lo que encontraban. Estos manifestantes fueron llamados “fogoneros”. La comunidad entera se unió: los comercios cerraron, las escuelas suspendieron las clases y se organizó una red de apoyo logístico para sostener los cortes día y noche, a pesar de temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. El reclamo era uno solo y contundente: “queremos trabajo”.
La respuesta inicial del gobierno fue la represión. El Ministro del Interior, Carlos Corach, envió un contingente de 400 gendarmes para desalojar la ruta. El 25 de junio, las fuerzas federales avanzaron, pero se encontraron con una muralla humana de 20.000 personas, la mitad de la población de ambas ciudades. En un hecho insólito, la jueza federal a cargo del operativo, Margarita Gudiño de Argüelles, al ver la determinación de la gente, se declaró incompetente y ordenó la retirada de la Gendarmería. Fue una victoria popular celebrada como una verdadera hazaña. Ese mismo día, el gobernador Sapag viajó a Cutral Co y, tras reconocer la legitimidad del reclamo, se sentó a negociar. El resultado fue un acta acuerdo de trece puntos que declaraba la emergencia ocupacional y prometía obras y asistencia social, poniendo fin a seis días de pueblada.
Un año después, la situación no había mejorado. Muchas de las promesas de 1996 no se habían cumplido. En abril de 1997, en el marco de una huelga docente provincial, la llama de la protesta volvió a encenderse en Cutral Co. Nuevamente, la población cortó la Ruta 22. Pero esta vez, la respuesta del Estado fue mucho más violenta.
El 12 de abril, la Gendarmería y la policía provincial reprimieron brutalmente la manifestación. Durante los enfrentamientos, una bala policial alcanzó a Teresa Rodríguez, una joven de 24 años, madre de tres hijos, que se encontraba en la protesta. Su asesinato generó una ola de indignación que trascendió las fronteras de Neuquén. La pueblada se radicalizó, la ciudad quedó en manos de una Asamblea Popular y la figura de Teresa se convirtió en un símbolo de la lucha piquetera y de las víctimas de la represión estatal. Tras diez días de máxima tensión, se llegó a un nuevo acuerdo y se levantaron los cortes, pero la herida dejada por la violencia y la muerte de Teresa marcaría para siempre al movimiento.
Las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul tienen una importancia histórica fundamental. Aunque existieron antecedentes, fueron estos eventos los que instalaron el método del corte de ruta o “piquete” como la principal herramienta de lucha de los desocupados en Argentina. El Cutralcazo demostró que un nuevo actor social, excluido del mercado laboral y de las estructuras sindicales tradicionales, había emergido para reclamar por sus derechos. Fue el grito desesperado de una comunidad que se sintió traicionada y abandonada por un modelo económico que prometió progreso pero solo dejó desempleo y pobreza. Un grito que nació de las cenizas de la YPF estatal y que resonaría en todo el país durante los turbulentos años que estaban por venir.
Se conoce como “Cutralcazo” a las dos grandes protestas populares (o puebladas) ocurridas en Cutral Co y Plaza Huincul en 1996 y 1997. Se caracterizaron por el corte de rutas (“piquetes”) como método de reclamo contra el altísimo desempleo generado por la privatización de YPF.
La privatización de YPF en 1992 fue parte de un plan económico más amplio del gobierno de Carlos Menem, basado en las ideas del Consenso de Washington. El objetivo era reducir el déficit fiscal, atraer inversiones extranjeras y modernizar la economía a través de la venta de empresas estatales, consideradas ineficientes.
Los “ypefianos” era el nombre con el que se conocía a los trabajadores de la empresa estatal YPF. Gozaban de una gran estabilidad laboral, buenos salarios y beneficios sociales, lo que les confería un estatus de “aristocracia obrera” y los convertía en el motor económico de las comunidades petroleras.
La consecuencia principal fue el nacimiento y la visibilización a nivel nacional del movimiento de trabajadores desocupados, conocido como movimiento piquetero. Instauró el corte de ruta como una nueva y efectiva forma de protesta social en Argentina, además de exponer las graves consecuencias sociales del modelo neoliberal de los años 90.
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