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A más de tres años del derrame de más de 11,000 barriles de petróleo en el mar peruano, un evento calificado por la ONU como el peor desastre ecológico en la historia del país, la lucha por la justicia y la reparación sigue siendo un camino complejo y lleno de obstáculos. La empresa Repsol, junto con la naviera Fratelli d’Amico, se encuentra en el centro de una batalla legal y administrativa que involucra cifras millonarias en multas y una compensación civil que aún pende de un hilo judicial. Este desastre no solo dejó una profunda cicatriz en el ecosistema marino, sino también en la vida de miles de familias que dependían del mar para su sustento, cuyos testimonios reflejan la incertidumbre y el abandono.

El corazón del conflicto actual reside en un acuerdo de compensación económica negociado durante ocho meses entre el Estado peruano, Repsol y Fratelli d’Amico, propietaria del buque Mare Doricum que transportaba el crudo. Las negociaciones culminaron en un pacto que establece una reparación civil total que asciende a por lo menos 1,600 millones de soles (aproximadamente 451 millones de dólares). Esta cifra incluye tanto los desembolsos ya realizados por Repsol para la limpieza y remediación, como futuras inversiones.
De este monto total, una parte crucial es el pago en efectivo destinado al Estado peruano por los daños directos al medio ambiente, pactado en más de 460 millones de soles (cerca de 128 millones de dólares). La responsabilidad de este pago se divide entre las dos empresas implicadas:
Sin embargo, este acuerdo, que podría representar un paso significativo hacia la reparación, fue rechazado en primera instancia por un juez a finales de 2024. El Estado peruano, a través del Ministerio Público, apeló la decisión y ahora se encuentra a la espera de un fallo favorable en la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla. Si el acuerdo es rechazado nuevamente, el Estado peruano se vería obligado a llevar el caso a cortes internacionales, un proceso que podría prolongar aún más la resolución del conflicto.
Paralelamente a la negociación de la compensación civil, diversas entidades fiscalizadoras del Estado peruano iniciaron múltiples Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS) contra Repsol. Estos procesos buscan castigar las infracciones cometidas antes, durante y después del derrame. No obstante, el camino para hacer efectivas estas sanciones ha estado plagado de apelaciones y demoras, evidenciando la lentitud del sistema de justicia.
Las multas impuestas a Repsol por cinco organismos fiscalizadores suman más de 208 millones de soles (aproximadamente 56 millones de dólares). A pesar de la magnitud de la cifra, la empresa solo ha pagado un pequeño porcentaje, adeudando la mayor parte mientras los procesos continúan en diversas instancias legales.

| Entidad Fiscalizadora | Infracciones Principales | Monto Total de Multas Impuestas (aprox.) | Monto Pagado (aprox.) | Estado Actual |
|---|---|---|---|---|
| OEFA | Incumplimiento del plan de contingencia, información falsa, no realizar muestreos. | S/ 78.9 millones | S/ 25.6 millones | Varias multas pagadas, otras apeladas. Procesos en trámite. |
| Sernanp | Contaminación de dos áreas naturales protegidas. | S/ 99 millones | S/ 0 | Un proceso concluido (multa sin pagar), otro en apelación. |
| Serfor | Causar la muerte de 1,852 especímenes de fauna silvestre. | S/ 6.9 millones | S/ 6.9 millones | Multa cancelada en abril de 2023. |
| Osinergmin | Infracciones relacionadas con la seguridad de la operación. | S/ 23.6 millones | S/ 0 | Todos los procesos han sido judicializados por la empresa. |
El verdadero costo del derrame no puede medirse únicamente en soles o dólares. El impacto ambiental fue devastador. El petróleo se extendió por kilómetros, alcanzando dos áreas naturales protegidas de vital importancia: la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada Ancón. La fauna silvestre sufrió un golpe mortal, con un reporte oficial de 1,852 animales muertos, incluyendo especies como el guanay, el piquero peruano, lobos marinos y el pingüino de Humboldt. Expertos señalan que la cifra real de animales afectados es probablemente mucho mayor.
Para las comunidades costeras, el desastre fue un golpe económico y social del que aún no se recuperan. Miles de pescadores artesanales perdieron su única fuente de ingresos de la noche a la mañana. Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Serpentín de Pasamayo, lamenta que la limpieza en su zona fue insuficiente, y el petróleo sigue atrapado bajo las rocas, impidiendo la recuperación de la vida marina. Aunque Repsol entregó compensaciones iniciales, estas cesaron en junio de 2023, dejando a miles de familias en una situación precaria. Muchos se vieron forzados a cambiar de oficio, mientras que otros siguen esperando poder volver al mar, un mar que, según informes de OEFA y el Ministerio de Salud, aún presenta niveles de contaminación por hidrocarburos en varias playas y zonas rocosas.
Un aspecto fundamental y polémico del proceso es cómo se calcula el valor del daño ambiental. La ingeniera economista Kely Alfaro explica que una valoración completa debe considerar tres componentes: el físico (calidad del agua, suelo), el biológico (toda la vida marina, desde peces hasta algas y microorganismos) y el social (pérdidas económicas de pescadores, ayudantes, vendedores, etc.).
Existen discrepancias significativas en las metodologías utilizadas. Mientras un estudio del Banco Mundial estimó pérdidas basándose en solo ocho especies marinas durante diez meses, otros análisis, como el presentado por Cooperación, consideran hasta 31 especies. Esta falta de un estándar internacional para la valoración de daños ecológicos complica la tarea de establecer una cifra de compensación civil que sea verdaderamente justa y que garantice la restauración a largo plazo del ecosistema. Jean Pierre Araujo, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), subraya la importancia de considerar no solo las especies, sino la recuperación integral del ecosistema, incluyendo el fondo marino donde el petróleo sigue acumulado.
El acuerdo de reparación civil alcanza un monto total de al menos 1,600 millones de soles (unos 451 millones de dólares). Esto incluye pagos en efectivo al Estado, así como los costos ya asumidos y por asumir en limpieza y remediación.

De un total de más de 208 millones de soles en multas impuestas por diversas entidades, Repsol ha pagado aproximadamente el 15.5%, lo que equivale a unos 32.5 millones de soles (cerca de 8 millones de dólares). La mayoría de las multas están apeladas o judicializadas.
Las dos empresas principales son Repsol, que administra la Refinería La Pampilla a donde se dirigía el crudo, y la naviera italiana Fratelli d’Amico, propietaria del buque Mare Doricum que transportaba el petróleo.
El acuerdo fue rechazado por un juez en primera instancia. Actualmente, el Ministerio Público ha apelado la decisión y se espera un fallo de la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla para determinar si el acuerdo es aprobado o no.
Oficialmente, se reportó la muerte de 1,852 especímenes de fauna silvestre, incluyendo aves marinas, lobos marinos y nutrias. Además, 198 animales fueron rescatados, pero muchos quedaron con secuelas que les impiden volver a su hábitat natural.
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