La salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019 es uno de los eventos políticos más complejos y polarizantes de la historia reciente de América Latina. Tras casi catorce años en el poder, el primer presidente indígena del país se vio forzado a renunciar en medio de una profunda crisis social, acusaciones de fraude electoral y la presión directa de las fuerzas de seguridad. Para comprender por qué se fue, es necesario desentrañar una intrincada red de factores que van desde unas elecciones controvertidas hasta la intervención de organismos internacionales y la fractura de la lealtad de las fuerzas armadas. La narrativa se divide en dos interpretaciones irreconciliables: la de un fraude electoral que agotó la paciencia popular y la de un golpe de Estado orquestado por la oposición y actores externos.
Todo comenzó la noche del 20 de octubre de 2019, día de las elecciones generales. El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un conteo rápido no vinculante, se detuvo abruptamente a las 19:40 horas con el 83.85% de los votos escrutados. En ese momento, los resultados mostraban a Evo Morales liderando, pero con una ventaja inferior a los 10 puntos porcentuales sobre su principal rival, Carlos Mesa, lo que indicaba la necesidad de una segunda vuelta electoral. La interrupción del conteo generó sospechas inmediatas en la oposición y en los observadores internacionales.
Casi 24 horas después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reanudó la publicación de datos. Para sorpresa y alarma de muchos, la tendencia había cambiado drásticamente. El recuento final otorgó a Morales el 47.08% de los votos frente al 36.51% de Mesa, una diferencia de 10.57 puntos. Este margen, superior por un estrecho margen al umbral del 10%, le daba la victoria en primera vuelta. La oposición, liderada por Mesa, denunció inmediatamente un fraude monumental y llamó a la movilización ciudadana para defender el voto y exigir una segunda vuelta. Las protestas estallaron en todo el país, marcando el inicio de 21 días de conflicto que paralizarían Bolivia.
Ante la creciente tensión y las denuncias, el gobierno de Morales aceptó una auditoría electoral vinculante por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). El 10 de noviembre, la OEA publicó su informe preliminar, cuyas conclusiones fueron demoledoras. El informe señaló “graves irregularidades” y una “clara manipulación” en el sistema informático del TREP y del cómputo final. Afirmó que era “improbable estadísticamente” que Morales hubiera obtenido la diferencia del 10% necesaria para ganar en primera vuelta y recomendó la anulación de las elecciones y la convocatoria a un nuevo proceso electoral con autoridades renovadas.
Este informe fue el catalizador que aceleró la caída de Morales. Sin embargo, su validez fue duramente cuestionada por análisis independientes. El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), un think tank con sede en Washington D.C., publicó un estudio que contradecía directamente a la OEA. El CEPR argumentó que no había evidencia de irregularidades sistemáticas y que la tendencia del voto en las áreas rurales, contabilizadas al final, explicaba naturalmente el aumento en la ventaja de Morales. Otros estudios, incluyendo uno del New York Times, llegaron a conclusiones similares, poniendo en duda la base estadística del informe de la OEA.
| Punto de Análisis | Conclusión de la OEA | Conclusión del CEPR |
|---|---|---|
| Cambio de tendencia tras la interrupción del TREP | El cambio en la tendencia fue drástico e inexplicable, sugiriendo manipulación. | El cambio era predecible y consistente con las diferencias geográficas del voto (urbano vs. rural). |
| Validez del resultado final | La victoria de Morales en primera vuelta era estadísticamente improbable. No se puede validar el resultado. | No hay evidencia estadística que cuestione la victoria en primera vuelta. El resultado es consistente con los datos. |
| Integridad del proceso | Se encontraron fallas graves de seguridad y manipulación deliberada en los sistemas informáticos. | No se demostraron irregularidades generalizadas o sistemáticas que pudieran alterar el resultado final. |
Mientras el debate técnico sobre el fraude se desarrollaba, la situación en las calles de Bolivia se deterioraba rápidamente. Las protestas cívicas, lideradas por figuras como Luis Fernando Camacho de Santa Cruz, se intensificaron. La violencia escaló con enfrentamientos entre simpatizantes y opositores del gobierno, resultando en heridos y fallecidos.
El punto de inflexión llegó el 8 de noviembre, cuando unidades de la policía en Cochabamba se amotinaron, negándose a reprimir a los manifestantes. El motín se extendió rápidamente a otras ciudades, incluyendo La Paz. La Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), encargada de proteger la sede de gobierno, abandonó sus puestos. Con esta acción, el gobierno de Morales perdió su “escudo” y quedó en una posición de extrema vulnerabilidad. Se reportaron ataques e incendios a las viviendas de funcionarios del gobierno y de familiares de Evo Morales, incluyendo la de su hermana en Oruro.
Tras la publicación del informe de la OEA el 10 de noviembre, Morales anunció la convocatoria a nuevas elecciones. Sin embargo, para la oposición y los sectores movilizados, ya no era suficiente. La demanda era su renuncia. Horas más tarde, el golpe final llegó desde la institución que hasta entonces se había mantenido al margen. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, en una conferencia de prensa, “sugirió” al presidente que renunciara a su mandato para permitir la pacificación del país. Esta declaración, amparada en un artículo de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que les permite “sugerir soluciones” ante situaciones conflictivas, fue interpretada por muchos como la confirmación de un golpe de Estado.
Sin el respaldo de la policía ni de las fuerzas armadas, y con una ola de renuncias de ministros y gobernadores de su partido, Evo Morales se vio acorralado. Desde el Chapare, en Cochabamba, su bastión político, anunció su renuncia en un mensaje televisado, afirmando que lo hacía para evitar un derramamiento de sangre y denunciando un “golpe cívico, político y policial”. Junto a él, también renunció su vicepresidente, Álvaro García Linera.
La dimisión de ambos creó un vacío de poder, ya que la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, también renunciaron a sus cargos. En esta línea de sucesión rota, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, una senadora de la oposición, anunció su intención de asumir la presidencia de forma interina con el objetivo de convocar a nuevas elecciones. El 12 de noviembre, en una sesión legislativa sin el quórum reglamentario debido a la ausencia de los parlamentarios del MAS, Áñez se autoproclamó presidenta del Senado y, posteriormente, presidenta interina de Bolivia, un acto que fue avalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Mientras tanto, Evo Morales, denunciando que su vida corría peligro y que existía una orden de aprehensión en su contra (lo que la policía negó), aceptó el asilo político ofrecido por el gobierno de México. Su salida del país fue una odisea diplomática y logística. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana tuvo que sortear negativas de permisos de vuelo de varios países vecinos antes de poder recogerlo en el aeropuerto de Chimoré y llevarlo a salvo a México.
En conclusión, la salida de Evo Morales de Bolivia no puede explicarse con una única causa. Fue la culminación de una tormenta perfecta: una elección cuya legitimidad fue puesta en duda, un informe internacional que actuó como detonante, masivas protestas ciudadanas, la pérdida del apoyo de las fuerzas de seguridad y una profunda polarización política alimentada por años de tensiones. Si fue un levantamiento popular para restaurar la democracia o un golpe de estado cuidadosamente planeado, es una pregunta cuya respuesta, aún hoy, depende de la perspectiva desde la cual se miren los hechos de aquel convulso noviembre de 2019.
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